Ana de Castro, coordinadora de Modelo Educativo de Florida Universitària, participó con Uni-digna en la reunión con el Ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que el colectivo de profesorado universitario de diversas ramas de conocimiento de las universidades públicas españolas, solicitaba un sistema de evaluación y acreditación del profesorado que responda a un modelo de ciencia para el bien común.
Esta reunión se celebra tras la publicación de una carta abierta al ministro Subirats, en la que Uni-digna pedía una evaluación universitaria al servicio del bien común y de una ciencia abierta, gratuita y social, petición que ha recabado más de 1.300 firmas en pocos días en la plataforma Change.org.
En la reunión, Uni-digna expuso sus propuestas y reivindicaciones de un nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación y de la docencia del profesorado universitario. "Las políticas públicas españolas han reforzado un modelo de ciencia que se caracteriza por basarse en el factor de impacto y por la utilización de los ranking de revistas establecidos por las multinacionales Clarivate y Elsevier como criterio principal de evaluación de la investigación. Un modelo que, por una parte, gratifica la investigación dirigida a la rentabilidad económica y devalúa la investigación orientada a conocer y tratar de resolver las necesidades de la sociedad que la financia y, por otra, incumple los acuerdos internacionales que en materia de ciencia han sido suscritos por los organismos oficiales españoles (Declaración de San Francisco sobre la evaluación científica (DORA), el Manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación Iniciativa Helsinki sobre multilingüísmo en la comunidad científica )", comentaban desde Uni-digna.
El problema añadido que apunta Uni-digna es que el sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria, sobre todo a partir del Real Decreto-ley 14/2012, premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y comercializables que son las que supuestamente generan "distinción y reconocimiento" (sexenios), al tiempo que "penaliza" si no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del salario y un aumento significativo de carga docente.
Este sistema, según entienden desde Uni-Digna, está convirtiendo así la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción académica, un "castigo", que termina por devaluar una finalidad fundamental de la universidad, que es la de enseñar, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue.
En la reunión, los representantes de Uni-Digna solicitaron al ministro que dé pasos decididos para, de una forma negociada y consensuada con los representantes de la comunidad académica universitaria, establecer un sistema de evaluación de la docencia y de la producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para el bien común, como ya se ha planteado en dos PNL (propuestas no de ley) registradas en el Parlamento Nacional y que languidecen actualmente en el limbo de los olvidos.
"Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente= trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos. Una Universidad al servicio del bien común y no del beneficio económico de accionistas e inversionistas", comentan desde Uni-Digna.
